Entre 2021 y 2022 entraron en vigor dos normativas que cambiarán por completo la forma que tienen de facturar los autónomos y empresas en España. Se trata de la Ley Crea y Crece y la Ley antifraude.
Ambas establecerán en los próximos años la obligación para los autónomos y empresas de facturar por medios electrónicos, así como las condiciones que deberán cumplir estas facturas y los programas de facturación que las emiten.
Sin embargo, cada una de ellas marca distintas obligaciones y cuenta con diferentes plazos y sanciones para los negocios que incumplan con la normativa.
Si todavía no conoces las diferencias entre la Ley Crea y Crece y la Ley antifraude, y cómo afectará cada una de ellas a tu futura obligación de emitir facturas electrónicas, sigue leyendo.
En este artículo aprenderás:
- ¿Qué es la Ley Crea y Crece?
- ¿Qué es la Ley antifraude?
- Principales diferencias entre ambas leyes
- Tabla comparativa de la Ley Crea y Crece y la Ley antifraude
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¿Qué es la Ley Crea y Crece?
La Ley Crea y Crece es una de las normativas para autónomos y empresas más importantes que se han aprobado en los últimos años. Se trata de la Ley 18/2022, que se puso en marcha para fomentar la creación de empresas, facilitar su crecimiento y, sobre todo, combatir la morosidad en las transacciones comerciales.
Para ello, esta ley desplegó decenas de medidas. Una de las más importantes es la que se recoge en su artículo 12 y que dice que “todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos”.
Por lo tanto, esta ley ha sido la primera normativa en España en imponer la obligación para el sector privado de emitir facturas electrónicas.
Además, la Ley Crea y Crece prevé también que esta obligación de emitir facturas electrónicas entre empresas entrará en vigor cuando se apruebe un nuevo reglamento de facturación. Este reglamento será también el que marque todos los elementos que deberán cumplir este formato de factura, como por ejemplo la firma electrónica, los códigos QR, así como los requisitos, como por ejemplo el soporte informático
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Plazos de la Ley Crea y Crece en materia de facturación
La entrada en vigor de esta obligación depende de un reglamento de facturación que salió en 2023 pero que todavía no está aprobado.
Una vez se apruebe, la factura electrónica se irá imponiendo de manera gradual, para permitir a las empresas adaptarse a los nuevos requisitos:
- Empresas con facturación superior a 8 millones de euros: Están obligadas a emitir facturas electrónicas al año de la aprobación del reglamento de facturación.
- Resto de empresas y autónomos: Tendrán un plazo de dos años desde la aprobación del reglamento para implementar la facturación electrónica en sus operaciones comerciales. Además, se dará un año más (un total de tres) para que los negocios más pequeños empiecen a comunicar los plazos de emisión de sus facturas.
¿Qué es la Ley Antifraude?
La Ley antifraude es una de las principales normas que se han aprobado en España para prevenir y combatir el fraude fiscal. Se trata de la Ley 11/2021, que introduce una serie de medidas muy conocidas y que afectan a todos los ámbitos, como por ejemplo la limitación a 1.000 euros de los pagos permitidos en efectivo.
En el ámbito de las facturas electrónicas, esta ley puso en marcha distintas medidas para combatir los programas de facturación de doble uso, es decir los softwares informáticos que sirven para tener una contabilidad visible ante Hacienda, y otras cuentas en B.
Entre las principales medidas para combatir este tipo de fraude en los softwares, la Ley 11/2021 establece el desarrollo de un reglamento para marcar claramente los requisitos que deberán cumplir todos los programas de facturación que utilizan las empresas en España. Y los requisitos de este reglamento serán los que se utilizarán para certificar los softwares de facturación.
En otras palabras, cuando entre en vigor el reglamento de los programas de facturación, todos los softwares que utilizarán las empresas para emitir sus futuras facturas electrónicas obligatorias tendrán que cumplir unas determinadas condiciones informáticas, y además deberán contar con un certificado.
Plazos de la Ley Antifraude en materia de facturación
La Ley Antifraude también establece un calendario específico para la implementación de estos requisitos en los sistemas de facturación. Las siguientes fechas empezarán a contar cuando se apruebe el reglamento para estos software, que todavía está en preparación:
- Desarrolladores y comercializadores de software de facturación: Deben adaptar sus productos a los nuevos requisitos en un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial que establezca dichos requisitos.
- Empresas obligadas a emitir facturas: Deberán cumplir con las nuevas normas antes del 1 de julio de 2025, asegurando que sus sistemas de facturación estén completamente adaptados a las exigencias de la Ley Antifraude. Esta última fecha podría cambiar dado que todavía no está listo el reglamento y quedaría poco margen para que los negocios adapten sus programas a los nuevos certificados.
Principales diferencias entre ambas leyes
Aunque ambas leyes tienen un impacto significativo en la facturación electrónica, sus enfoques y objetivos difieren.
A continuación, desglosamos las diferencias más importantes entre la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude en lo que respecta a la facturación electrónica:
Diferentes objetivos para cada ley
Por un lado, la ley Crea y Crece tiene como principal objetivo fomentar la digitalización de las empresas y reducir la morosidad en las transacciones comerciales, asegurando que las empresas reciban sus pagos en plazos razonables.
Mientras que el objetivo de la Ley Antifraude es prevenir el fraude fiscal mediante la regulación estricta de los sistemas de facturación, asegurando que las transacciones sean registradas de manera fiable y que no se puedan manipular u ocultar datos contables.
Distintos organismos responsables
La Ley Crea y Crece ha sido impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con un enfoque en la digitalización empresarial y la reducción de la morosidad.
Sin embargo, la Ley antifraude fue impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con un enfoque en la prevención del fraude fiscal y la regulación de los sistemas de facturación.
Diferentes obligaciones que afectan a la factura electrónica
Por un lado, la Ley Crea y Crece establece la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas entre empresas y autónomos. Es decir, todos los negocios que hagan operaciones B2B tendrán que usar facturas electrónicas que cumplan con las especificaciones del futuro reglamento.
Sin embargo, la Ley Antifraude no impone la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas, pero sí regula los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación para evitar el fraude fiscal. Es decir, esta norma regula los requisitos que deberán cumplir los programas encargados de emitir las futuras facturas electrónicas obligatorias.
Las obligaciones afectan a diferentes autónomos y empresas
La Ley Crea y Crece se aplica a todas las transacciones comerciales entre empresas y profesionales dentro del territorio español. Por lo tanto, quedan fuera las operaciones que se hacen directamente con particulares (B2C) y con la Administración (que ya tiene una normativa de facturación electrónica)
En cuanto a la Ley Antifraude, afecta a todas las empresas y autónomos que utilicen sistemas informáticos de facturación. Por supuesto también a los productores de estos sistemas. Estos programas tendrán que estar adaptados a la Ley antifraude y contar con el futuro certificado que emitirá Hacienda.
Distintos requisitos técnicos:
Ley Crea y Crece especificará sobre todo las condiciones y elementos que deberán cumplir las futuras facturas electrónicas obligatorias. Entre ellas, distintos requisitos técnicos como la necesidad de utilizar ciertos formatos electrónicos como XML que supondrán la prohibición de las facturas digitales que conocíamos hasta ahora -en PDF, Excel, Word…-.
Además, esta Ley también afectará de manera indirecta a los programas de facturación. Por ejemplo, obligará a que estos sistemas integren la funcionalidad “Veri Factu”, es decir, la posibilidad de emitir de manera automática todas las facturas a la Agencia Tributaria, si el autónomo así lo desea.
Por otro lado, la Ley antifraude especificará detalladamente a través del futuro reglamento para programas informáticos los requisitos técnicos que deberán cumplir todos los softwares que tengan las empresas, incluyendo la capacidad de generar registros inalterables, la trazabilidad de las transacciones y la posibilidad de remitir los datos a la Agencia Tributaria de manera automatizada. Para ello, Hacienda emitirá unos certificados específicos.
Tabla comparativa de la Ley Crea y Crece y la Ley antifraude
| Aspecto | Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) | Ley Antifraude (Ley 11/2021) |
|---|---|---|
| Obligatoriedad de la factura | Obligatoria entre empresas y profesionales | No impone la obligatoriedad de la factura electrónica, pero regula estrictamente los sistemas que emiten cualquier tipo de factura (incluyendo electrónicas) |
| Ámbito de aplicación | Aplicable a todas las operaciones entre empresas y profesionales en España, incluyendo transacciones con la Administración Pública | Afecta a todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación en sus actividades, independientemente del tipo de factura emitida |
| Requisitos técnicos | Las facturas deben emitirse en un formato electrónico estructurado (por ejemplo, XML) para asegurar su procesabilidad y verificación automática | Los sistemas de facturación deben cumplir con requisitos de integridad, inalterabilidad, y trazabilidad, incluyendo la capacidad de generar registros automáticos y auditables |
| Responsable de la normativa | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
| Objetivos principales | Fomentar la digitalización empresarial, reducir la morosidad comercial y aumentar la transparencia en los pagos | Prevenir el fraude fiscal mediante la regulación y control de los sistemas informáticos de facturación, asegurando la veracidad y conservación de los datos contables |
| Plazos de entrada en vigor | Empresas con más de 8 millones de euros en facturación deberán cumplir la Ley en 1 año desde la aprobación del reglamento; el resto de empresas, en 2 años | Las empresas deberán adaptar sus sistemas de facturación antes del 1 de julio de 2025 (fecha estimativa). Los desarrolladores de software tienen 9 meses para adaptar sus productos desde la aprobación de la Orden Ministerial |
| Régimen sancionador | Sanciones de hasta 10.000 euros para empresas que no emitan facturas electrónicas en operaciones B2B o que no permitan el acceso a las facturas electrónicas de clientes | Multas de hasta 50.000 euros por el uso de software de facturación que no cumpla con los requisitos legales establecidos en el reglamento de la Ley antifraude |
| Verificación de cumplimiento | No se especifica un sistema centralizado de verificación, pero habrá que remitir obligatoriamente todas las facturas electrónicas a la Agencia Tributaria. Por lo que habrá un control indirecto. | La Agencia Tributaria (AEAT) puede requerir el envío automático o a demanda de los registros de facturación, y verificar el cumplimiento de la Ley a través de auditorías y controles automatizados |
| Control de morosidad | Introduce mecanismos para reducir los plazos de pago entre empresas. Todas las facturas electrónicas tendrán que actualizar su estado de pago y remitirlo a Hacienda | No aborda directamente la morosidad, pero su enfoque en la integridad de las transacciones refuerza indirectamente la transparencia en los pagos |
| Herramientas de facturación | Permite el uso de plataformas públicas y privadas (como Quipu) para la emisión de facturas electrónicas, con interoperabilidad entre ellas | Requiere que todos los sistemas de facturación cumplan con las especificaciones técnicas para asegurar la integridad y trazabilidad de las transacciones. |
